Al conmemorar este 17 de abril, día de las luchas campesinas a nivel internacional; la UCP, como parte de las luchas de la CLOC-CA, y LA VIA CAMPESINA, comparte la demanda de una Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos; que se enfrentan día a día a la violación de sus derechos a la tierra, la criminalización de las luchas agrarias, a la explotación y el despojo por parte de las empresas, transnacionales y gobiernos Neo-liberales. A la vez, para recordar que en esta fecha, hace 21 años se dio la masacre de 19 campesinos del MST, en El Dorado dos Carajás en 1996, en Brasil.

Con el lema “TODOS A CONSTRUIR PODER POPULAR”; la UCP, espacio de articulación de varias organizaciones campesinas y de pueblos originarios panameños, como parte del esfuerzo de organización de los sectores populares, realizó su IV Congreso Ordinario del 24 al 26 de marzo del 2017, en Distrito de Ñurum, Comarca Ngäbe Bukle, Panamá. En este importante evento se analizó la situación de las organizaciones del campo y la Realidad Nacional e Internacional, Poder Popular y Asamblea Constituyente Originaria, como el instrumento Político Electoral y la renovación del Comité Ejecutivo, entre otros temas importantes.

Las luchas campesinas durante el siglo pasado mayormente fueron contra los latifundistas o gamonales que con la ayuda del gobierno y las autoridades locales, acaparaban tierras y despojaban a los campesinos de los mismos, surgiendo varios movimientos campesinos de organización y resistencia, en las que, germen que posteriormente origino la UCP. Por otro lado las políticas de los gobiernos de entregar concesiones de tierras a diversas corporaciones u empresas extranjeras. En la actualidad, las políticas Neoliberales y las leyes y políticas dirigidas hacia los territorios de pueblos originarios y comunidades campesinas; pretenden entregar los medios de producción y los recursos naturales a empresas nacionales y transnacionales; como las minerías, hidroeléctricas y turismo.

Como parte de las políticas de acaparamiento de las instituciones del Estado; los gobiernos vienen impulsando políticas y legislaciones, mediante la cual acaparan tierras de comunidades campesinas y pueblos originarios, las declaran parques nacionales, para después concesionarlas o entregárselos a empresas mineras, turísticas o hidroeléctricas, prohibiendo el acceso de las comunidades que antes usufrutuaban de forma armoniosa con la naturaleza, generando serios problemas de disponibilidad de recursos para sostener a la familias

A las políticas de abandono del campo se suma la inmigración interna; que se da por parte de trabajadores del agro y los que se emplean en las capitales de provincias y principalmente en la ciudad de Panamá; esto demanda necesidades de tierras, viviendas y servicios básicos de agua, luz, calles, empleo, sanidad; frente a la cual el gobierno solo acude al desalojo y la represión, violentando así, los derechos de los ciudadanos a sus más elementales necesidades y derechos humanos.

Las políticas de gobierno tiene mayor tendencia al abandono del agro y la producción nacional, lo que se agrava con las sequias, plagas y cambios bruscos de estaciones y las pérdidas de la producción nacional producto de las importaciones. Desde el Estado se ha promovido la producción de productos no tradicionales (sandía, tecas, palma aceitera, melón, piña, ornamentales, etc) ; lo que ha llevado la instalación de empresas nacionales y extranjeras, que en la mayoría de los casos, violan los derechos de los trabajadores, mientras que las empresas que realizan actividades tradicionales como la ganadería, agroindustria y la agricultura, entre otras actividades productivas, no son obligadas a cumplir las leyes laborales del país, en detrimento de los trabajadores que proceden de los campos y los territorios de pueblos originarios.
 
La situación más crítica que se da en la actualidad en los campos son los conflictos creados por la presencia de empresas mineras e hidroeléctricas que acaparan las tierras, instalan sus feudos, al margen de las leyes nacionales, desalojan a las comunidades, causan serios problemas ambientales, sociales, laborales y de salud, con la complicidad del gobierno. Esto se agrava con el anuncio hecho por parte de la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), de construir embalses para hidroeléctricas y el propio funcionamiento del canal y así satisfacer las necesidades de más agua generadas por la ampliación del canal de Panamá y los megaproyectos que se construyen en la ciudad de Panamá.

Frente a toda esta realidad, la UCP como parte del esfuerzo de organización y lucha de las organizaciones del campo; demanda una reforma agraria, en lo económico exige mayores políticas, recursos y oportunidades para la producción y la comercialización de los productos campesinos, lleva adelante seminarios, prácticas, intercambios y encuentros en los temas de agricultura sostenible, la seguridad y soberanía alimentaria,  la lucha contra los monocultivos, los transgénicos y los agrotóxicos. Reafirma su compromiso en la exigencia de mayor distribución de las riquezas del país, para solventar los problemas sociales en materia de educación, salud e inversiones sociales. 

Continuamos enarbolando las luchas campesinas, junto a los sectores populares organizados en torno a FRENADESO, referente nacional del movimiento social panameño, en la solidaridad internacional con los pueblos y gobiernos progresistas de Nuestra América, Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador  entre otros, que hoy resisten la ofensiva de la derecha latinoamericana y de su mentor el imperialismo norteamericano, impulsa la construcción del Poder popular y contribuye con su organización y luchas a crear la fuerza social revolucionaria para el cambio que convoque a una Asamblea constituyente originaria, y funde una nueva nación, igualmente se identifica y apoya la inscripción y organización del Frente Amplio por la democracia (FAD) referente político electoral del pueblo trabajador panameño.

 
Panamá, 17 de abril de 2017