El desempleo es uno de los problemas que preocupa a los panameños. Las personas desempleadas deben enfrentarse a diario a situaciones difíciles, debido a la falta de ingresos para sostenerse a sí mismas y sacar adelante a sus familias.

En Panamá no solo se está en la incapacidad estructural de generar los empleos exigidos por el crecimiento de la población en edad de trabajar, sino que lo que sucede en el mercado laboral es el resultado de una economía que ha privilegiado el comercio, los servicios y las actividades vinculadas a la economía internacional, las cuales generan pocos puestos de empleo.

Las cifras oficiales (agosto de 2018), estiman el desempleo en una tasa de 6.0 % (118 338 personas); sin embargo, el área urbana refleja una tasa superior 7.1 %. A ello hay que sumar 679 166 trabajadores que están bajo condiciones de informalidad laboral (No incluye población ocupada agrícola), lo que equivale al 41 %. Los jóvenes, mujeres y profesionales son los más afectados por el desempleo en el país.

Estas cifras pueden ser mayores, dada la subestimación en la medición, y ante la ola de despidos que se dio en octubre y noviembre en el sector privado. Esta ola no solo abarcaba a sectores obreros, sino también a profesionales.

Mientras el desempleo crece, por el otro lado, continúan planillas fraudulentas (080, 02, entre otras) en la Asamblea Nacional, dirigidas a sustentar el clientelismo político, lo cual constituye otro caso de corrupción. Son recursos del pueblo utilizados para nombrar familiares, amigos, copartidarios, seudoindependientes, que debieron ser utilizados para atender las necesidades de la población.

En el caso del Ejecutivo, la planilla 172 (para servicios profesionales de periodos de seis meses). Se trata de un número significativo de asesores, amigos, copartidarios en planilla, con altas remuneraciones, mientras el funcionariado comienza a vivir la incertidumbre frente al torneo electoral que se avecina, pues la partidocracia ha asumido como práctica el despido de funcionarios para incluir a sus allegados.

Sin dudas, en este plano también se enfrenta la corrupción, evidenciando que la crisis es institucional.

En términos generales, Varela finaliza su administración carente de una propuesta de desarrollo económico y social que permita garantizar la creación de nuevas fuentes de empleo permanente con salarios que cubran las necesidades materiales de vida de trabajador y su familia y que garanticen sus prestaciones sociales. Esta también ha sido la tónica de todos los Gobiernos neoliberales que se han sucedido desde el periodo posinvasión.

Resolver el problema del desempleo en el país pasa, entre otras cosas, por romper con la política económica neoliberal; requiere una política dirigida a la promoción de los sectores productivos del país (agro e industria), y de la estructuración de un Plan Nacional de Desarrollo. Pasa también por la necesidad de romper con los partidos tradicionales y algunos independientes, que hoy visibilizan sus alianzas, para seguir imponiendo políticas públicas que paupericen más las condiciones laborales y de vida de la mayoría de los panameños.

Frente a ello, no podemos asumir el discurso de los grupos de poder económico y su partidocracia, que hacen campaña para que los trabajadores no luchemos por trabajo digno y salario justo. Solo el Frente Amplio por la Democracia (FAD) ha planteado una política pública dirigida a generar empleo que tenga como referencia y marco de acción los sectores productivos (agro e industria), que garantice trabajo decente y salario justo, la estabilidad laboral, erradicación del trabajo infantil y un programa especial de empleo para mujeres jefes de hogar y jóvenes de bajos recursos; así como el pleno respeto al derecho de sindicalización, tanto en el sector público como privado.